La gran noticia laboral de la semana tiene fecha de entrada en vigor. Cerca de 250.000 empleados de la Administración General del Estado pasan a la jornada de 35 horas semanales —1.512 horas anuales— con nuevas compensaciones, una medida que el Gobierno había aprobado el pasado 15 de abril y que ahora se hace efectiva. La reducción de jornada, sin embargo, no llega con el mismo ritmo a todas partes: mientras el Estado la implanta, en el resto de administraciones el proceso avanza de forma desigual y con tensión.

La reducción de jornada avanza en autonomías y ayuntamientos, no sin conflicto

El desembarco de las 35 horas en la administración autonómica y local está anticipando choques allí donde todavía no se ha implantado. Los empleados públicos regionales de Madrid y Galicia amenazan con movilizaciones, mientras que en Cataluña la reducción del tiempo de trabajo ya está sobre la mesa de negociación. El escenario dibuja un mapa a distintas velocidades que marcará la agenda de la negociación colectiva en el sector público durante los próximos meses.

Transparencia laboral: el fin del «contrato a ciegas»

Entra en juego una de las novedades normativas con más recorrido para los departamentos de RR. HH. El nuevo decreto de transparencia laboral (RD 723/2026) obliga a informar con mucho más detalle sobre las condiciones de trabajo y limita las cláusulas de exclusividad que impedían compaginar un segundo empleo, según analiza El País. El Observatorio RRHH desgrana a qué empresas aplica realmente la norma, qué cambia en la información que debe facilitarse al trabajador y qué deben tener ya preparado los equipos de personas para no llegar tarde al cumplimiento.

Absentismo, desconexión y la cultura del «aguante»

El absentismo sigue en el centro del debate, pero esta semana llega acompañado de matices. El Observatorio RRHH repasa siete cifras sobre la incapacidad temporal —concentración, duración, peso de la salud mental, listas de espera— para separar lo que los datos demuestran de lo que no. En el terreno de la gestión, algunas compañías empiezan a apoyarse en la inteligencia artificial para decidir cómo cubrir las ausencias de la forma más eficiente, según ABC, mientras el caso de Emergia muestra que un modelo de acompañamiento y triaje logró rebajar su absentismo del 15% al 11%. El reverso del problema también asoma: el 81,6% de los profesionales no desconecta durante las vacaciones, y un reportaje de 20minutos cuestiona la normalización de aguantar malas condiciones como si fuera una virtud profesional. Medir la carga de los equipos, viene a decir el debate de fondo, no basta si no se atiende a su capacidad real.

IA y empleo: del Plan IA360 al miedo de los perfiles júnior

El Gobierno quiere ordenar el impacto de la IA sobre el trabajo. Pedro Sánchez presentó el Plan IA360 para un despliegue responsable de la tecnología y anunció que convocará a patronal y sindicatos para buscar «un gran acuerdo de país» en torno a ella. El debate llega mientras se multiplican las advertencias sobre el efecto en el empleo: hay voces empresariales que alertan de que los puestos más rutinarios y la contratación de perfiles júnior serán los primeros afectados, dando más peso a la experiencia. Frente a ese pesimismo, El País recuerda —a partir de los resultados PISA— que la IA puede ejecutar tareas pero no aprender por nosotros, lo que revaloriza competencias como razonar, comprender y resolver problemas. Para los responsables de RR. HH., el reto se plantea como una prueba de liderazgo: qué preservar, medir y gobernar cuando la máquina empieza a producir.

Escasez de perfiles, formación y brecha salarial

La falta de trabajadores vuelve a ser protagonista. La construcción, uno de los sectores más dinámicos en creación de empleo —1,48 millones de afiliados tras sumar más de 90.000 en un año, según ABC—, arrastra un problema serio de falta de mano de obra y envejecimiento de sus plantillas. Para anticiparse a estos desajustes, el Cedefop ha estrenado un indicador en tiempo real capaz de detectar la escasez de trabajadores en más de 300 ocupaciones de la UE, mientras el SEPE constata que el empleo de las profesiones colegiadas se mantuvo robusto en agosto, con dudas en arquitectura, ingeniería y actividades científico-técnicas. En el capítulo de programas, siguen activas iniciativas como Alzira + Talento 2025 (empleo verde para personas desempleadas), el impulso de 42 Alicante para formar en competencias digitales desde 2027, el refuerzo formativo de Murcia e Impulsalicante o las ofertas EURES para la temporada de invierno en el Tirol. Como telón de fondo, un dato que alimenta el debate salarial: de media, los empleados públicos ganan 39.000 euros brutos anuales frente a los 26.000 del sector privado.