El debate de las pensiones toca techo electoral mientras los autónomos encaran 2027 sin saber qué cotizarán
A un mes de los comicios del 29 de noviembre, las pensiones siguen monopolizando la conversación económica, ahora con la advertencia de una posible avalancha de jubilaciones a final de año. La incertidumbre política tiene un reflejo muy concreto: los autónomos afrontan 2027 sin conocer sus cuotas. Al margen de la campaña, el Tribunal Supremo acota los despidos colectivos y el teletrabajo, resurge el elevado coste de prescindir del talento sénior y la IA sigue reescribiendo puestos y competencias.
Las pensiones, en el pico del debate electoral
El sistema público de pensiones afronta su semana de máxima exposición. Un funcionario de la Seguridad Social anticipa una posible “avalancha” de jubilaciones a finales de año, espoleada por la inestabilidad política, que podría marcar una cifra récord y reducir la masa laboral del país. El tono del debate, no obstante, se mueve entre el alarmismo y la prudencia: ese mismo técnico, con décadas de experiencia en el INSS, matiza que reconocer los desafíos demográficos no equivale a dar el modelo por insostenible, y defiende reforzar su financiación antes que recortar prestaciones. Frente a esa posición, economistas como Santiago Niño Becerra insisten en que la Seguridad Social “no ingresa lo suficiente”, y Gonzalo Bernardos reclama retrasar la edad de jubilación, recordando que el pensionista medio cobra unos veinte años de prestación tras haber cotizado como mucho por doce. La discusión no es solo española: en Alemania, cerca de tres cuartas partes de la población rechaza la reforma de pensiones del Gobierno de Merz, que pretende eliminar la jubilación anticipada sin penalización.
Autónomos: 2027 a la vista sin saber qué cotizarán
La parálisis institucional tiene una víctima clara. A apenas dos meses del cierre del año, los trabajadores autónomos siguen sin conocer las cuotas que pagarán en 2027, con la reforma del sistema de cotización por ingresos reales bloqueada y a la espera de que el próximo Ejecutivo retome la negociación. Es el ejemplo más tangible de cómo la incertidumbre electoral se traslada a la planificación diaria de un colectivo de más de tres millones de trabajadores, obligados a presupuestar su año sin una referencia firme sobre uno de sus principales costes.
El Supremo acota los despidos y el coste de prescindir del sénior
La jurisprudencia deja dos avisos para las empresas. El Tribunal Supremo ha impedido que las compañías esquiven un despido colectivo recurriendo a bajas voluntarias: cuando las salidas superan ciertos umbrales, debe seguirse el procedimiento del ERE aunque no todas sean despidos forzosos. El Alto Tribunal también ha reforzado el blindaje del teletrabajo pactado, que no puede recortarse sin acuerdo individual por escrito. En paralelo, vuelve a ponerse cifra a una práctica extendida y costosa: reemplazar en 2025 a los mayores de 45 años despedidos el año anterior habría costado a las empresas más de 27.000 millones de euros —y unos 136.000 millones entre 2020 y 2024—, lo que la consultora que firma el estudio describe como una “falsa dieta”: un alivio financiero inmediato a cambio de una indigestión estructural.
IA y empleo: del riesgo salarial al rediseño de los puestos
El impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo gana matices, pero también advertencias. Niño Becerra alerta de un posible círculo vicioso: menores niveles salariales, menos cotizaciones sociales y menor recaudación fiscal, es decir, más pobreza. El debate empieza a aterrizar en lo concreto: desde la gestión de personas se insiste en pasar de la visión macro —cuántos empleos se verán afectados— al nivel micro de cómo cambia cada puesto y a quién hay que recualificar, y se recuerda que un simple curso no basta para que la adopción de la IA genere valor real, como explican desde ManpowerGroup y Telefónica. Incluso la Agencia Tributaria ha entrado en el asunto: su nuevo director advierte de que la IA “no puede ser un aliado del fraude” y reclama inspectores con una sólida cultura tecnológica.
Formación, competencias y empleo de calidad
De cara al mercado, el SEPE ha actualizado dos radiografías útiles: los perfiles profesionales que buscan las empresas —con 24 ocupaciones nuevas o revisadas— y las competencias que requieren refuerzo o especialización según las necesidades detectadas. En el plano de la empleabilidad siguen muy activos los programas de Garantía Juvenil, con nuevas ediciones de Talento Joven y los cursos de la Fundación INCYDE, mientras Galicia amplía el crédito para contratos formativos de jóvenes y la Fundación ONCE presenta en el Congreso “Odismet”, una herramienta para diseñar políticas de empleo inclusivo. A escala europea, un estudio para el Parlamento Europeo reclama respuestas diferenciadas ante la escasez laboral, combinando formación, movilidad y calidad del empleo. Un apunte salarial para cerrar: los trabajadores de la construcción y la industria son los más protegidos frente al IPC, con siete de cada diez amparados por cláusulas de garantía salarial; y, como cada año, el SEPE y grandes empresas como Correos abren sus procesos de contratación de refuerzo para la campaña de Navidad.