El empleo firma su mejor septiembre mientras los sindicatos llaman a la huelga general y el adelanto electoral descarrila la agenda laboral

Semana convulsa en clave laboral. Los datos de empleo de septiembre baten su propio récord mensual, pero quedan eclipsados por un doble terremoto: CCOO y UGT han anunciado la primera huelga general en catorce años —por la vivienda y los salarios— y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre deja en el aire media docena de reformas laborales que estaban en tramitación. A la vez, entra en vigor la nueva normativa de transparencia laboral y los tribunales dictan fallos de calado sobre riders y conciliación.

El empleo firma el mejor septiembre de su historia

El dato de la semana llega del SEPE y la Seguridad Social: la afiliación sumó 92.327 ocupados de media respecto a agosto, el mejor septiembre de la serie histórica, con un crecimiento interanual de 739.888 cotizantes. El paro registrado, por su parte, subió en 23.587 personas (un 1%) hasta los 2.379.505 desempleados, lo que a pesar del repunte estacional supone la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. La lectura es la de un mercado que mantiene el pulso al arrancar el otoño. Como contrapunto, el informe mensual «Jóvenes y Paro Registrado» actualiza la fotografía de la juventud, y la OIT advierte en paralelo de un deterioro del empleo juvenil a escala mundial, en un contexto de desaceleración y cambio tecnológico.

CCOO y UGT convocan la primera huelga general en catorce años

El anuncio con más recorrido político de la semana: CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas para este otoño con el lema de «salarios dignos para una vivienda digna», la primera en catorce años. La medida está aún pendiente de ratificación por los órganos de dirección de ambos sindicatos y no tiene fecha cerrada —se negocia junto al Sindicato de Inquilinas, que acude de la mano de CGT y presiona a las organizaciones mayoritarias—, pero caería poco antes de las elecciones generales. La reacción empresarial fue inmediata: CEOE y Cepyme la califican de «inadmisible», cuestionan su encaje jurídico y sostienen que sus reivindicaciones no son estrictamente laborales, criticando que se traslade a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno.

El adelanto electoral descarrila la agenda laboral

La disolución del Parlamento tiene un efecto directo sobre el mercado de trabajo: decaen varias iniciativas que estaban a medio tramitar. Se quedan en el aire el Estatuto del Becario, la ley de función pública, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la ampliación de los permisos por fallecimiento y el nuevo registro horario, entre otras. También pierde fuelle la ley que planteaba permitir la jubilación anticipada sin penalización a quienes hubieran cotizado al menos 40 años. La subida del SMI, en cambio, seguiría su curso. El adelanto cierra además la primera legislatura sin Presupuestos de la democracia española, y las organizaciones de autónomos (ATA) y la empresa familiar reclaman un marco jurídico estable que no frene la inversión y la creación de empleo.

Entra en vigor la transparencia laboral (RD 723/2026)

Al margen del ruido electoral, una novedad normativa ya es realidad. Han entrado en vigor los nuevos modelos de contrato con condiciones transparentes y previsibles: la información sobre los elementos esenciales de la relación laboral debe facilitarse, con carácter general, antes del inicio de la actividad. En la práctica, como detalla El País, los trabajadores pueden exigir desde ahora mucha más información —cómo se calcula su salario o si sus turnos dependen de algoritmos—, y el derecho alcanza también a quienes ya tienen contrato en vigor. El Observatorio RRHH ha programado un webinar sobre esta nueva agenda normativa, que enlaza el control de jornada con las obligaciones de información a las personas trabajadoras.

Tribunales, pensiones y conciliación

Los juzgados también han dejado titulares. El Tribunal Supremo ha avalado que Just Eat subcontrate el reparto de comida a domicilio, un fallo que contradice el criterio de la Inspección de Trabajo, que lo consideraba una cesión ilegal de trabajadores. En materia de conciliación, la justicia ha anulado el despido de una madre —víctima de violencia de género— que había pedido adaptar su horario para cuidar de su hijo, con una indemnización de 30.000 euros. Y la jubilación anticipada sigue generando malestar: cerca de 100.000 beneficiarios con más de 40 años cotizados reciben ya un complemento, mientras el Congreso mantiene en tramitación —ahora en entredicho por el adelanto— la proposición de Podemos para evitar los recortes a las carreras más largas.

Apunte de formación e IA

En políticas activas, el SEPE mantiene el ritmo con programas de empleabilidad como el de Cruz Roja para mujeres rurales en Almería, las becas IBM-Fundae-SEPE o los cursos del programa Talento 45+ para desempleados mayores. El foco formativo se desplaza hacia la IA: la alfabetización en inteligencia artificial ya es obligatoria para determinadas organizaciones bajo el artículo 4 del Reglamento europeo, y el debate en RR. HH. se centra en qué hacer con el tiempo que la tecnología libera. Para los autónomos, se ha abierto el plazo del Plan Auto+, con 50 millones de euros entre empresas y trabajadores por cuenta propia.

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