El mercado laboral afronta una semana de máxima intensidad. Los datos de octubre confirman un empleo que resiste pese al repunte estacional del paro, el Gobierno cierra una de las grandes incógnitas de las últimas semanas al fijar la subida del salario mínimo para 2027 y el país se prepara para la huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre. De fondo, las pensiones vuelven a escena con el aumento de la cotización al MEI, las demandas por despido marcan récords y varias empresas atraviesan apuros.
El empleo aguanta en octubre pese al repunte estacional del paro
Octubre dejó un comportamiento típico del arranque del otoño. El paro registrado subió en 43.128 personas hasta los 2.422.633 desempleados, aunque se trata de la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007, y en términos interanuales el desempleo descendió en 21.133 personas (-0,86%). La afiliación acompañó: la Seguridad Social superó los 22,6 millones de cotizantes de media, con un alza interanual de 784.573 afiliados. La fotografía, sin embargo, tiene claroscuros. Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social tocaron máximos —45.230 en el segundo trimestre, un 11,2% más que un año antes—, una señal de litigiosidad creciente pese al empleo récord. Y una tendencia estructural se consolida: la población activa española envejece más rápido que la media europea, con más de dos millones de personas incorporadas a la fuerza laboral desde 2019 pero una edad media que ha subido casi un año.
El SMI subirá un 5,3% en 2027, aunque con letra pequeña
El Gobierno ha despejado la gran duda salarial de las últimas semanas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó que el salario mínimo subirá un 5,3% con efectos desde el 1 de enero de 2027 y que el incremento se percibirá “íntegro”, al quedar exento de tributación en el IRPF. La medida, no obstante, llega con matices importantes. Por un lado, muchas nóminas podrían no notar la subida completa: la fijación del nuevo suelo se calcula en cómputo anual y los convenios permiten, en ciertos casos, absorber el incremento con complementos existentes. Por otro, el propio comité de expertos advierte de un efecto colateral de las últimas subidas: el auge de la contratación parcial, ya que algunos pequeños negocios y autónomos optan por reducir la jornada contratada para esquivar el mayor coste laboral. En ese contexto, la OIT ha recordado que el trabajo a tiempo parcial solo es positivo cuando es voluntario y va acompañado de protección e igualdad de trato. Un colectivo mira la subida con especial atención: las empleadas del hogar —más de un 95% mujeres—, que tras años perdiendo afiliación por el encarecimiento laboral encaran ahora un proceso masivo de regularización.
La huelga general del 11-N, a la vuelta de la esquina
A dos días de la convocatoria, los sindicatos anticipan un seguimiento “desigual” por territorios, sectores y edades, con manifestaciones masivas pero un respaldo asimétrico según el impacto de la crisis de la vivienda. CCOO ha situado a la juventud trabajadora como principal protagonista del paro, cuyo lema conecta salarios y acceso a la vivienda. Los servicios jurídicos sindicales han salido a resolver las dudas más habituales, recordando que las represalias empresariales por secundar una huelga legal son nulas. El malestar aflora incluso en sectores en plena expansión: en la industria cárnica, que no para de crecer, las plantillas van al paro por sus condiciones, una muestra de la paradoja del empleo español. La jornada tendrá además derivadas ferroviarias propias —el sindicato de maquinistas SEMAF ha convocado paros el 10 y el 12, con servicios mínimos fijados— y antesala política: el Congreso votará los decretos de vivienda el jueves 12, justo antes de arrancar la campaña del 29-N.
Pensiones: el MEI sube en 2027 y el envejecimiento aprieta
El año 2027 será clave también para el sistema de pensiones. Según detallan desde la Seguridad Social, todos los trabajadores notarán en su nómina el incremento de la cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a medida que concluye el periodo transitorio de la última reforma y se consolidan cambios tanto para pensionistas como para quienes siguen en activo. Mientras tanto, se acumulan asuntos pendientes: el Gobierno agota la legislatura sin anticipar la edad de jubilación en los sectores con más siniestralidad y bajas —una demanda que afecta a unos dos millones de empleados y en la que la Seguridad Social ha incumplido sus propios plazos—. En el plano cotidiano, se repiten los avisos prácticos y los testimonios de carreras incompletas, como el de una jubilada que percibe menos de 900 euros por haber cotizado solo once años pese a toda una vida trabajando.
Empresas en apuros, plataformas y el futuro del trabajo
La semana deja también señales de tensión empresarial. Konecta, el líder español de los call centers, ha impagado los intereses de su deuda en plena pugna entre fondos y bancos, lo que pone en jaque a unos 100.000 trabajadores; y la firma de calzado Munich ha pactado un ERE con los sindicatos mientras refinancia su deuda. En el frente regulatorio, la UE avanza en la protección de quienes trabajan a través de plataformas digitales: las nuevas normas podrían reconocer una relación laboral cuando la plataforma controle tarifas, horarios o rendimiento, invirtiendo la carga de la prueba y abriendo la puerta a derechos como el salario mínimo o las vacaciones pagadas. En la gestión de personas, dos focos ganan peso: el talento sénior, que las empresas empiezan a abordar como una “segunda carrera” —con itinerarios de experto y jubilación activa—, y el uso sensato de la IA, con la advertencia de que automatizar la parte equivocada de un puesto puede abaratarlo en exceso o cortar la formación de los perfiles júnior. Como cierre, en políticas activas el SEPE ha firmado un convenio con Fundae y Fundación Telefónica para acercar herramientas gratuitas de orientación y empleabilidad a las pymes, y ha actualizado, sobre 366 ocupaciones, el mapa de competencias que las empresas consideran más necesario reforzar.